El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció esta semana la aprobación del “primer financiamiento” a Cuba que consiste en un crédito de 46.7 millones de dólares que serán utilizados supuestamente en la producción de unas 200 millones de vacunas anticovid.
El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi señaló “celebramos esta primera aprobación a la República de Cuba, la cual esperamos sea la primera de muchas. Esta operación en particular contribuirá a enfrentar la crisis sanitaria mediante el desarrollo de vacunas que permitan reducir el riesgo de las personas de infectarse por el virus del COVID-19 y también contribuirá a la reactivación económica del país.”
Según la nota del propio BCIE el “Proyecto de Fortalecimiento de la Industria Biofarmacéutica cubana para combatir la COVID-19 en Cuba y en la Región” tiene como objetivo “alcanzar niveles más elevados de productividad económica mediante el desarrollo de productos innovadores de gran importancia en el contexto de la pandemia (…) la modernización de la tecnología, así como la diversificación en beneficio del Sistema Nacional de Salud y de otros países de la región.”
Con este crédito también se tiene previsto la mejora de la infraestructura productiva para la elaboración de un mayor número de “inyectables, soluciones parenterales (sueros), medicamentos genéricos y biosimilares, diagnosticadores, equipos médicos y vacunas específicas”, además de la adquisición de insumos y material de protección médica para prevenir su contagio.
El Proyecto será ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien llevará a cabo las adquisiciones del proyecto conforme sus políticas y normativa de adquisiciones.
Antes de finalizar el 2021 Dante Mossi había declarado que la entidad que dirige “es como una cooperativa que no puede permitir que uno de sus socios tenga problemas fiscales”, explicando que “incluye países como Cuba que es un país que tiene un régimen de sanciones no solamente de Estados Unidos sino de otros países, pero lo que nosotros vemos es que las operaciones se hagan sanas financieramente y tengan impacto social, que tengan un retorno económico. Quien decide si una operación se aprueba o no son los países miembros.”
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