La conocida aplicación de alquiler de viviendas Airbnb Inc, por violar algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, se enfrenta al pago de más de 90 mil dólares en multas al Departamento del Tesoro norteamericano.
“Airbnb Payments acordó remitir 91.172 dólares para saldar su potencial responsabilidad civil por aparentes violaciones a las sanciones contra Cuba administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro”, señala un comunicado del departamento en cuestión divulgado por la prensa.
La plataforma promocionaba el arriendo de algunos hospedajes en la isla pero los problemas surgieron cuando, a través de ella, se comenzaron a realizar pagos por parte de huéspedes cuyas razones de viaje estaban fuera de las categorías autorizadas por la OFAC.
Actualmente existen 12 categorías autorizadas bajo las cuales los estadounidenses pueden viajar a Cuba, entre ellas están: “visitas familiares, actividades educativas y religiosas, algunas competencias deportivas, apoyo al pueblo cubano, proyectos humanitarios y actividades profesionales como el periodismo o la investigación universitaria.”
Según el Departamento del Tesoro, el monto inicial de las sanciones equivalía a 600 mil dólares, sin embargo, la entidad autoreveló voluntariamente toda la información sobre sus infringimientos y se mostró cooperativa por lo que la multa se redujo considerablemente.
“Airbnb opera en más de 220 países y regiones de todo el mundo y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las sanciones”, aseguró el portavoz Christopher Nulty.
Cabe recordar que esta fue la primera empresa estadounidense importante en entrar en Cuba en el 2015 luego de las conversaciones diplomáticas entre el gobierno de la isla y el entonces presidente norteamericano Barack Obama.
Durante su primer año de funcionamiento en la mayor de las Antillas, el mercado cubano agregó cuatro mil viviendas a la plataforma de alquiler, sin embargo, en los años posteriores la ampliación de sus servicios en el territorio pareció “haber superado la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos de sanciones asociadas.”
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