Tribunal Supremo de Cuba ofrece declaraciones sobre los procesos legales contra los detenidos tras las protestas (+video)

Muchas han sido las denuncias y quejas sobre los arrestos de los cubanos tras las protestas del pasado 11 de julio y los días subsiguientes, de ahí que el Tribunal Supremo Popular de Cuba se viera en la necesidad de esclarecer su lado de la historia y dar declaraciones a la prensa.

Acorde a Rubén Remigio Ferro, presidente de la institución, las investigaciones de los relacionados con los hechos aún se encuentran abiertas y los tribunales de justicia municipales, hasta el momento, han procesado 19 asuntos que involucran a 59 personas.

Según el funcionario, estos casos están relacionados con desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato, daños, tanto estatales como personales y otras figuras delictivas de menor entidad, que pueden contemplar sanciones de hasta un año de privación de libertad.

En estos momentos los procesos penales están en desarrollo sin haberse decretado ninguna sentencia firme aún y, destacó, que los acusados tienen el derecho de «establecer recurso de apelación en los tribunales de segunda instancia».

Los tribunales cubanos están estructurados en un sistema de órganos que, en teoría, deberían funcionar de manera independiente solo debiéndose a la constitución y las leyes.

«Se ha querido sembrar la idea de que estamos ante procesos sumarísimos, lo cual no es cierto», aseguró Remigio Ferro, señalando que se han tramitado todos los procesos regidos por las leyes y que incluyen el derecho a la defensa de los implicados, destaca esto pues en los pasados días se dieron a conocer casos como el del fotógrafo Anyelo Troya cuya familia había sido informada que se había realizado un juicio sumario en su contra aún cuando el abogado de defensa no fue avisado y no estuvo presente.

Por su parte la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda señaló que ha sido «entrevistado» un grupo considerable de acusados presentados a medida cautelar de prisión provisional, se h revisado un grupo de medidas no detentivas, a algunos se les han impuesto sanciones administrativas y otros han sido liberados sin cargos luego de realizar las investigaciones pertinentes.

Sin embargo, la fiscal resaltó que todavía hay un grupo de «hechos de extrema gravedad» que involucran violencia contra autoridades, personas y daños materiales por lo cual se continúan investigando para determinar la responsabilidad de cada individuo involucrado.

La funcionaria indicó que la Fiscalía ha atendido más de 90 personas que se han comunicado por diversas vías para solicitar información o presentar quejas las cuales de igual manera están siendo investigadas.

Peña Ojeda comentó que, dentro del marco de la ley, se tratará con severidad a los casos más graves en los que se demuestre la implicación de las personas que organizaron, promovieron y financiaron los sucesos más connotados que «afectaron la seguridad colectiva y jurídica y la tranquilidad ciudadana».

«No solo lo que digan las personas, no solo lo que digan los acusados será tenido en cuenta, nosotros tenemos que demostrar, los órganos de investigación criminal somos los responsables de demostrar la participación de estas personas en los hechos», dijo.

Lilia María Hernández, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, habló en nombre del trabajo de los abogados de todo el territorio que han «defendido con profesionalidad a los presuntos acusados y también han atendido a los familiares que han buscado representación legal».

Hernández informó que en estos momentos están trabajando en los recursos de apelación con decenas de contratos jurídicos con acusados inconformes con los fallos, especialmente de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

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